63 dente que, con sueldos basura o sin ingresos, difícilmente se paga el alquiler de un piso o una hipoteca, la luz, el agua, la comida, un test de antígenos o una mascarilla. En este contexto, la recién aprobada reforma laboral puede ser muy buena o muy mala para nuestro oficio. Muy buena si las empresas periodísticas optan por hacer indefinidos los contratos temporales, y muy mala si la opción es eliminar los contratos temporales y pasarlos a falsos autónomos o al trabajo gratis. Las primeras actuaciones indican que vamos por este último camino. Este análisis de situación no supone una oposición a las empresas periodísticas, en absoluto. Hay que defender siempre a las buenas empresas periodísticas, y sentirse orgulloso de ellas. Es el mismo comportamiento que con los periodistas. Hay que defender siempre a los buenos periodistas y al buen periodismo, y repudiar a los malos periodistas y al mal periodismo. Lo mismo, con las empresas. Son necesarios empresarios de la comunicación y editores, que crean en los valores del buen periodismo, que defiendan la información veraz y honesta en sus medios, y que no estén al servicio de intereses económicos o del poder político, y sí de los ciudadanos. Lógicamente, para existir, tienen que ganar dinero, pero no a cualquier precio, no a costa de los periodistas o estafando o manipulando a la sociedad. La solución no es echar a buenos periodistas y sustituirlos por becarios o mano de obra gratis. Eso, nunca. Las empresas tienen que cambiar sus estrategias y convencerse de que emplear el dinero en buenos periodistas y en buen periodismo no es un gasto, es una inversión para asegurar su existencia y su razón de ser. Ante malas prácticas de empresas periodísticas, las administraciones públicas deberían suprimir su publicidad, sus ayudas y subvenciones a un medio de comunicación si saben que el destino de ese dinero es el despido de trabajadores. Sí a todo respaldo trasparente para hacer buen periodismo y salvar empleos, no si es para destruirlo. Por ello, y por la posible compra de voluntades encubiertas, las administraciones públicas deberían dar a conocer siempre el dinero que invierten en cada grupo periodístico o de comunicación. Cuándo, cuánto, cómo, porqué y para qué. La ley de Transparencia les obliga, y no es lógico que haya que esperar a sentencias judiciales para que la cumplan. Igualmente, una cosa es la publicidad institucional y otra muy distinta la propaganda manipulada, que moralmente es intolerable y que no debería ser aceptada por los medios. Las administraciones públicas de Andalucía, en especial el Gobierno autonómico, tienen otra asignatura pendiente con el periodismo: que en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no existe la categoría laboral de periodista o de técnico de comunicación. El Gobierno andaluz lo tiene firmado desde 2013, pero jamás lo ha cumplido. Ni los anteriores gobiernos, ni el actual. La nuestra sigue siendo la única de todas las autonomías españolas en la que los periodistas no existen laboralmente para la administración, por lo que no pueden concurrir a unas oposiciones públicas, como si pueden hacerlo el resto de profesiones. El colmo es cuando una Consejería o empresa pública hacen convocatorias en las que fomentan los falsos autónomos, las condiciones precarias o que no sea necesario ser periodista para ocupar una plaza de periodista. Las administraciones están obligadas a dar ejemplo. Y más aún en un momento en el que, en la mayoría de las provincias, Las empresas tienen que cambiar sus estrategias y convencerse de que emplear el dinero en buenos periodistas y en buen periodismo no es un gasto, es una inversión para asegurar su existencia y su razón de ser.
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